Santos G. Monroy | Miciudadreal.es
.- La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha ha detectado irregularidades e incumplimientos normativos en las grandes obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Puertollano durante su particular boom del ladrillo, el periodo 2008-2010. Según se desprende del informe de fiscalización, el Consistorio puertollanense no se ajustó a la ley en muchas de las grandes obras de la época. Especialmente relevantes son las apreciaciones de la Sindicatura a los proyectos del Centro de Especialidades Deportivas (hoy en desuso), campo de fútbol Ciudad de Puertollano (nuevo Cerrú), glorieta Virgen de Gracia o Coso Polivalente (Plaza de Toros). De hecho, el informe del órgano fiscalizador describe un patrón continuo de incumplimientos y deficiencias bajo un mismo denominador: la empresa Navarro Piquer consta como contratista o adjudicataria, en solitario o asociada en UTE (Unión Temporal de Empresas) en la mayoría de los proyectos fiscalizados.
El Centro de Especialidades Deportivas, adjudicado a la UTE Pines-Navarro Piquer con un importe base de seis millones de euros es, quizá, un caso ejemplar de sistemático incumplimiento de la normativa vigente. El informe señala que en el proceso de licitación no consta la documentación acreditativa de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de las empresas seleccionadas, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Además, el síndico advierte de que el informe de intervención se efectuó con posterioridad a la adjudicación y formalización del contrato (7 de junio de 2007), con lo que se incumplió el principio de fiscalización previa del gasto por parte de la administración pública.
El informe especifica asimismo que la aprobación del proyecto técnico no se efectuó por el órgano de contratación (el Pleno Municipal), sino en Junta Local de Gobierno. Por otro lado, en lo que atañe a la ejecución del contrato, se extendió acta de comprobación de replanteo e inicio de obras el 6 de julio de 2007, cinco meses antes de la aprobación del proyecto, incumpliéndose de nuevo la Ley.
Finalmente, y siempre según el informe del síndico, el Ayuntamiento de Puertollano aprobó en Junta de Gobierno una propuesta de certificación-liquidación del contratista que supuso una modificación del contrato principal por valor de 687.938 euros en concepto de obras por “necesidades imprevistas”. En este sentido la Sindicatura considera que, según el dictamen del Consejo de Estado, “la modificación del contrato debe ser apreciada de modo diferente cuando el contratista es autor del proyecto, y por consiguiente tiene la obligación contractual de redactar un proyecto viable, y prever y dar solución a posibles incidencias posteriores con arreglo a la legislación aplicable”.
El Cerrú
Respecto al contrato de ejecución de obras para el campo de fútbol del Cerrú, con un importe base de ejecución de tres millones de euros, y también adjudicado a Navarro-Piquer, la Sindicatura ha llamado la atención sobre el hecho de que la dirección facultativa de las obras, coordinación de seguridad y salud, así como la de los proyectos específicos y de instalaciones corrieran a cargo del contratista bajo la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento. A juicio del síndico, tal previsión puede conculcar el artículo 45.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que determina que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra.
Según el informe de la Sindicatura, “se ha verificado que el director facultativo que firma las certificaciones de obra coincide con el proyectista que firma el proyecto”, un punto contrario a lo establecido la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El reglamento de esta Ley señala que estas funciones “se desarrollarán bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, quedando la elección del contratista fuera del objeto del contrato”.
En el caso de las obras del Cerrú también se procedió a la modificación del proyecto técnico y de ejecución, que definía un incremento de 775.007,75 euros sin IVA (un total de 914.509,15 euros), lo que supuso un incremento del 29,97 por ciento sobre el presupuesto inicial. No obstante, según el informe del órgano fiscalizador, las obras aparecen ejecutadas conforme al proyecto inicial, presentándose certificaciones en virtud del mismo, sin que en las relaciones valoradas mensuales se contemple el exceso de obra que fundamenta el expediente, e incumpliéndose el artículo 160 del Reglamento general de contratación”.
La glorieta Virgen de Gracia
La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha también ha apreciado “incumplimientos” normativos en las obras para la remodelación de la glorieta Virgen de Gracia, realizada por la UTE Navarro-Piquer-Sando SA, con un importe base de licitación de 2.261.593,02 euros.
En este caso, y entre otros incumplimientos, la Sindicatura advierte de que la cláusula 27 del pliego de cláusulas administrativas disponía que el contratista podía subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un 80 por ciento. Esto contrasta con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, que sitúa el límite porcentual máximo en el 60 por ciento “para evitar crear situaciones de novación”, o extinción de obligaciones jurídicas.
La plaza de toros
Igualmente significativo es que la Sindicatura haya detectado incumplimiento de la Ley en el procedimiento de las obras del Coso Polivalente (Plaza de Toros), obra también ejecutada por Navarro Piquer. En este contexto, y analizada la documentación de los 69 expedientes de justificación de gasto del contrato de obra de cimentación, graderío y barrera (que contó con un presupuesto de 1.537.467,98 euros), la Sindicatura de Cuentas considera que no se dan los requisitos legales exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “por lo que se ha producido un fraccionamiento del contrato”, es decir, una partición de cantidades que podría implicar la elusión de los requisitos de publicidad y libre concurrencia.
En este sentido, el síndico considera que “la administración ha procedido a la adquisición de materiales, alquiler de maquinaria y adjudicación de partidas independientes de obra que no son susceptibles de destino independiente al uso público”.
Palacio de Congresos
La Sindicatura también ha detectado incumplimientos normativos en las fases de actuaciones preparatorias del contrato y licitación de las obras de la segunda fase del Palacio de Congresos, ejecutado por Jesús Bárcenas, con importe base de licitación de 3.420.000 euros.
En resumen, según la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, y en lo que atañe a las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento de Puertollano durante el periodo 2008-2010, “en la mayoría de los expedientes de obra fiscalizados no consta el informe del proyecto de la oficina de supervisión exigido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; y entre los criterios objetivos para la adjudicación del contrato se omite el criterio “precio de ejecución”, sin que conste la motivación de su exclusión”.
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